• Por Claudio Frai

Teletrabajo y derecho a la desconexión digital

En el contexto de emergencia sanitaria que atraviesa la sociedad, provocado por la pandemia Covid 19, y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretado por el PEN mediante DNU 297/2020, como medida paliativa para evitar un avance exponencial de contagios que sature el sistema de salud ante la inexistencia de una medicina que contrarreste los efectos del coronavirus; el mercado laboral debió salir a dar respuesta a este inesperado escenario, implementando, de manera improvisada, la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia.

Ante este escenario, el presente texto tiene por objeto delinear algunas reflexiones respecto a esta modalidad de trabajo y el necesario reconocimiento del derecho a la desconexión digital laboral.

Definimos teletrabajo o trabajo a distancia como “aquel donde una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios, bajo la dependencia de otra; desde su domicilio o desde un lugar distinto al del establecimiento de su empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación” (conf. texto del Art. 3°, del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, sobre el Proyecto de Ley del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo).

En este marco, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs), se nos presentan como un factor relevante dentro de la organización empresarial donde los trabajadores y/o trabajadoras se encuentran inmersos, configurando una nueva faceta de la subordinación técnica, que define a la relación de dependencia, en los términos del Art. 64 de la LCT.

Así, las TICs se traducen en una herramienta que viene a flexibilizar la histórica concepción espacial de la relación laboral, donde los trabajadores y las trabajadoras ponen su fuerza de trabajo a favor de su empleador, dentro de un establecimiento determinado; facilitando la prestación de tareas desde sus propios domicilios.

Hoy en día, forzoso sería desconocer que las TICs amplían nuestras posibilidades de interacción a límites que, en el paso inmediato, no hubiésemos imaginado.

Tampoco podríamos desconocer el beneficio que trajo su utilización, como respuesta útil a la situación excepcional que atravesamos.

Sin embargo, en el ámbito del trabajo, esta interacción ilimitada puede traer aparejadas consecuencias nocivas para la persona teletrabajadora, que resulta necesario mitigar a través de la consagración legislativa del derecho de desconexión digital laboral.

Como lo dispone el Art. 5° del Dictamen de la Comisión de Legislación de Cámara de Diputados de la Nación; el derecho a la desconexión digital laboral se nos presenta como el que tiene la persona teletrabajadora a “no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias, no pudiendo ser sancionada por hacer uso de este derecho. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral”.

Este derecho viene a garantizar el cese de la actividad laboral remota diaria, equiparándola con cese de toda actividad que se realiza de manera presencial, una vez finalizada cada jornada de trabajo.

A partir de su ejercicio, la persona teletrabajadora se encuentra tutelada para desconectarse de todo medio tecnológico que la vincule con su labor, no contestar llamadas, correos electrónicos, mensajes virtuales, etc. Su reconocimiento, por un lado, persigue evitar que la hiperactividad telemática supere los límites del ámbito y la jornada laboral y por otro, prevenir enfermedades profesionales derivadas de su mala utilización, como, por ejemplo, el tecnoestrés o el burnout, y garantizar el derecho al ocio de la persona teletrabajadora, como derecho humano fundamental.

Ya el “Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo”, editado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el año 2011, “recomienda que las empresas cuenten con métodos para evaluar las condiciones en que se desarrolla la tarea diaria en el domicilio de los teletrabajadores, respetando el derecho a la privacidad e intimidad del teletrabajador y su familia”. (Capitulo “Gestión del teletrabajo y capital humano”, apartado 6.10.8).

En el derecho comparado, países como Francia y España, han incorporado a sus legislaciones el reconocimiento a la desconexión electrónica, como un derecho de los trabajadores y trabajadoras.

Así, el Código de Trabajo Francés, reconoce “pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la desconexión y la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación de la utilización de los dispositivos digitales, a fin de asegurar el respeto del tiempo de descanso y de vacaciones, así como de su vida personal y familiar” (Reforma del año 2017).

Por su parte, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales Española (2018), establece que “Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”. “Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores”.

En nuestro país, según una encuesta realizada por la consultora Adecco, sobre un universo de 4.500 personas teletrabajadoras entrevistadas, el 42% dice dedicarle más horas al trabajo desde su casa que el que le dedicaban en la oficina. (Fuente: Tiempo Argentino formato digital, nota “El 42% de los empleados aseguran que el ‘home office’ los lleva a trabajar más horas” de Alfonso de Villalobos, 25/03/2020).

Así las cosas, sin desconocer que el teletrabajo se nos presenta como una modalidad de empleo necesaria en momentos de distanciamiento social, tanto necesaria resulta también abordar su regulación; no solo a partir de su consagración legislativa, sino también, a través de una política pública clara, que garantice el pleno ejercicio de derecho de desconexión digital laboral, y la toma de acciones concretas de capacitación y sensibilización sobre el uso razonable de las TICs en ámbitos laborales.

A tal fin, resultará vital la proactividad de las asociaciones gremiales, a los efectos de incorporar el teletrabajo y el derecho a la desconexión digital laboral, en el ámbito de la negociación colectiva de cada sector productivo, como herramienta para la ampliación de los derechos que legalmente se reconozcan y en procura de la tutela de las condiciones de trabajo decente, salud y seguridad de sus representados.

El desafío está planteado.