• Por Lorena Lampolio y Anabella Calvo

La necesidad da derechos

La Argentina sancionó en el año 2017 la ley 27.350 que aprueba el marco regulatorio para la investigación médica, científica y el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Constituyó un hecho histórico, no solo porque se reconoció en forma oficial las propiedades terapéuticas del cannabis, sino porque implicó aceptar que miles de personas usan la planta con el objetivo de mejorar su calidad de vida y, por eso, se les debe garantizar el derecho a hacerlo.

El reconocimiento de este derecho, en el marco del cuidado integral de la salud, ingresó en la agenda parlamentaria mediante la acción de actores de la sociedad civil. Principalmente las madres de niños y niñas con diferentes patologías que encontraron en el cannabis una terapia efectiva y que –de modo individual o colectivo– fueron quienes transitaron despachos oficiales y llevaron sus historias a los medios de comunicación, ayudando a cientos de familias a salir de situaciones difíciles a las que pueden conducir las enfermedades crónicas.

Sin embargo, la sanción de esta ley no resolvió todos los problemas que se derivan del uso del cannabis con fines medicinales, porque subsisten conflictos en torno a la tenencia y suministro de cannabis medicinal que requieren la intervención del Poder Judicial.

La ley 27.350 crea un Programa Nacional para la investigación y estudio del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados que funciona en la órbita del Ministerio de Salud siendo uno de los objetivos principales de este programa garantizar el acceso gratuito al aceite de cannabis a los pacientes que se encuentren reconocidos por el programa.

Esta ley también crea un Registro Nacional (el RECANN), en el que se inscriben los pacientes en tratamiento para el estudio de casos y los pacientes en protocolo de investigación que en forma voluntaria soliciten su incorporación. Este registro preserva los datos de las personas inscriptas con absoluta confidencialidad.

El artículo 6 de esta ley dispone que el Estado acceda a la sustancia a base de cannabis por medio de la importación o la elaboración pública dando intervención a varios organismos públicos como el CONICET y el INTA. La Ley establece que a quienes no se someten al Programa Nacional para la Investigación y Uso Medicinal de la Plata de Cannabis se le negaría la gratuidad y solo podrían acceder al aceite mediante la importación del ANMAT a través de un proceso muy burocrático y costoso (U$S 275 por frasco con una durabilidad de 1 o 2 meses).

Lamentablemente, pese al reclamo de los usuarios medicinales y de los familiares, la decisión oficial cuando se sancionó la ley fue la de no habilitar el cultivo personal o solidario de cannabis, ni siquiera para los que se encuentren inscriptos en el Registro anteriormente mencionado.

Esto configura una situación fáctica que obliga a los usuarios medicinales de cannabis ante la urgencia de atender sus patologías o las de sus familiares a recurrir a vías ajenas a los resortes estatales.

Reconocer el derecho al uso medicinal del cannabis y no garantizar ese derecho es una suerte de reconocer principios de buena voluntad. El Estado cuando reconoce derechos también tiene la obligación de garantizar su tutela efectiva. En este sentido, debe velar por su efectivo cumplimiento, tiene que garantizar el pleno goce de esos derechos reconocidos, como es en este caso el derecho a la salud. Derecho no solo reconocido en nuestro texto constitucional sino en los tratados internacionales de derechos humanos a los que la propia Constitución otorgó jerarquía constitucional en su art. 75, inc. 22.

Esto nos lleva a pensar que hasta tanto el Estado haga operativos estos derechos y en aras de garantizar el derecho a la salud de los pacientes que se encuentran en tratamiento con cannabis y sus derivados se debe autorizar por vía judicial el auto cultivo de cannabis, por supuesto en la esfera de la intimidad y a resguardo de terceros, libre de contaminantes y con todos los controles necesarios. Si el Estado no autoriza esta conducta las personas que realizan el auto cultivo de la planta de cannabis se encuentran criminalizadas por los art 14 y 5 inc. a) y e) de la ley 23.737. El artículo 5° penaliza la siembra, cultivo de plantas y guardado de semillas así como la entrega, suministro y facilitación (incluso gratuita) de plantas y semillas y el artículo 14°, la tenencia. Ambos artículos señalan que cuando por la escasa cantidad (y demás circunstancias) surja inequívocamente que esas conductas están destinadas a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena de prisión se reduce; pero continúan penalizadas.

Si bien, muchos podemos pensar que no es admisible pedir permiso para realizar un tratamiento que mejore nuestra salud, y mucho más cuando pensamos en los padres con hijos que padecen patologías que todavía la medicina farmacológica no ha podido dar respuesta, todos sabemos que el auto cultivo de cannabis aun para mejorar la calidad de vida de ciertas dolencias se sostiene en la clandestinidad aunque esto signifique un derecho reconocido como lo es el acceso al mayor nivel posible de salud, por lo tanto, la única vía que queda para que quienes llevan a cabo esta actividad no sean criminalizados, es exponer ante los tribunales estos casos de salud y solicitar autorización para el auto cultivo de cannabis.

En este punto resulta de vital importancia el rol de la defensa pública. Sabemos que acceder al servicio de justicia no siempre es gratuito. La Defensa Pública es la única agencia del Estado que gestiona intereses públicos de terceros con financiamiento estatal. El defensor público debe tener claro que es una herramienta del Estado para que –el propio Estado– respete los derechos que ha reconocido, sino todo pierde sentido. Es por ello que, hasta tanto no se introduzcan modificaciones en la ley de uso medicinal del cannabis que permita el auto cultivo por parte de los pacientes en tratamiento con cannabis, se deben litigar estos casos para que no sea vulnerado el derecho a la salud y en esta acción el rol de la defensa pública es garantizar el acceso el uso medicinal de cannabis a todas personas que lo necesiten.

Afortunadamente, se ha anunciado recientemente que el Ministerio de Salud se encuentra trabajando en una nueva reglamentación de la Ley 27.350 que incluiría la autorización para el cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el Programa y para cuya redacción se encuentra consultando a organizaciones vinculadas a la temática, médicos y científicos.