• Por Joaquín Posse

Proyecto de reforma judicial, un paso adelante en la búsqueda de la justicia

Para abordar este tema es necesario contextualizarlo, conociendo la historia de las intervenciones del Poder Judicial Federal, más precisamente de los juzgados penales agrupados como “Comodoro Py”. Solo basta recordar causas como AMIA, LAPA, memorando de Irán, venta ilegal de armas, entre tantas otras. Las que nunca fueron resueltas o a los famosos jueces de la servilleta. Todo lo cual nos remonta a períodos oscuros de nuestra historia.

Dicho lo anterior, en primer lugar, respecto a la reforma judicial hay que entender que no es la solución mágica a todos los problemas de la justicia; las leyes como los juzgados, siempre serán imperfectas porque son humanas, pero, sin embargo, este proyecto de reforma sí es el primer paso para la consolidación de una mejor administración de justicia.

Por lo que debemos traer un poco a colación los clásicos problemas que siempre ha tenido la justicia federal. Uno de ellos ha sido la lentitud de acción, los juzgados colapsados, malas estructuras edilicias, demoras injustificadas, entre otras.

En ese sentido, el proyecto de reforma prevé algunos puntos clave como:

  • La unificación del fuero penal federal con el fuero penal económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aumentando la cantidad de Juzgados Federales a 23, los Tribunales Orales en lo Criminal Federal a 13, y las Salas de Apelaciones a 4,
  • Dispone la creación de 5 nuevos Tribunales Orales en lo Criminal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • La creación de 23 Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal con asiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
  • Todos los Juzgado Federales tendrán una sola Secretaría y los que tengan dos, una deberá ser cedida a los nuevos Juzgados creados.
  • Los antiguos Juzgados se los eximirá de sorteo por un año y durante ese año se realizará solamente con los nuevos juzgados.
  • Se crean 23 Fiscalías penales federales 5 fiscalías ante Tribunales Orales y 8 Defensorías Oficiales y 3 Defensorías oficiales ante TOF con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Se prevé que se aplique el nuevo Código Procesal Penal Federal dentro de dos años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Transferencia de los delitos restantes ocurridos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no sean de competencia federal con los correspondientes recursos.
  • Se crean 94 Juzgados Federales con asiento en las Provincias, como así también de sus Fiscalías y Defensorías oficiales correspondientes

De esta manera, vemos que en primer lugar se generarán más Juzgados Penales Federales, que es una necesidad desde hace mucho tiempo dado el desfasaje de causas que hay en la justicia en la actualidad: no hay un solo juzgado en la jurisdicción federal, nacional o local que no se encuentre en un estado de saturación total. Por lo que la generación de nuevos juzgados sería un remedio que permitiría mitigar este problema.

Considerar que una reforma judicial trae aparejados varios costos económicos y no realizarla por ello es condenar a la sociedad a la injusticia, la inequidad y la desigualdad social, sumado también a la impunidad.

Esa saturación de los juzgados deriva tanto en violaciones a las garantías constitucionales de los imputados, como así también a los derechos de las víctimas. Una mayor cantidad de juzgados permitirá reducir esos índices en un porcentaje.

En ese sentido, también es dable traer al caso que se acelera la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, el cual prevé la aplicación de un sistema acusatorio a nivel federal. De esa manera, con un sistema acusatorio que actualmente se utiliza en las Provincias de Salta y Jujuy con resultados muy buenos, en el término de dos años se podría aplicar en el futuro fuero penal federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Circunstancia la cual abre la puerta para saldar la deuda constitucional de que se aplique próximamente el juicio por jurados a nivel federal.

Lo que también será útil de este nuevo Código Penal Procesal Penal Federal que implementa un sistema acusatorio, es que permitirá reducir los tiempos de accionar de la justicia y de una forma garantizar de una manera eficaz las garantías de los encausados como de las víctimas. Estas medidas permitirán un mayor acceso a la justicia y también hacerlo de una manera más eficaz: una de las grandes deudas del poder judicial con la sociedad.

En ese sentido, es dable destacar que la aplicación del nuevo código procesal justamente, permitirá que la persecución penal de los delitos pase a estar a cargo del Ministerio Público Fiscal, permitiendo vislumbrar para un futuro la posible aplicación del juicio por jurados y saldar esa deuda constitucional, logrando también un control más eficaz de la sociedad en la aplicación de la justicia, permitiendo un sistema más transparente.

Una mayor cantidad de jueces es algo necesario ya desde hace un largo tiempo, dado que la realidad muestra que la saturación de los juzgados ha privado de este acceso a la justicia a los ciudadanos, como así también ha dejado a personas sin la posibilidad de verse satisfechas ante eventos desgraciados. Asimismo, es una medida necesaria para la aplicación de un sistema acusatorio.

Por otro lado, el traslado de los delitos de competencia local que serán transferidos con sus recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también garantizará un mayor acceso a la justicia, como así también una mayor celeridad en la solución de controversias. En ese sentido, se les da la posibilidad a los jueces de jurisdicción nacional para elegir si desean su traslado a no.

De esa forma, con mayor cantidad de jueces y un sistema procesal más veloz se podrán hacer grandes avances en la justicia. En ese sentido, más allá de la unificación del fuero federal con el fuero penal económico, los juzgados no tienen una necesidad efectiva de especialización porque pasarían a ser meros árbitros del proceso, sin embargo, la mencionada especialización, sí será necesaria por parte del Ministerio Público Fiscal.

 Este número mayor de jueces, que se combinará con un proceso más ágil, sumado a las reformas procesales anteriores como el régimen de flagrancia, el cual ha traído buenos resultados en la administración de justicia, permitirá una mayor resolución de casos y posibilitará un tiempo de respuesta más corto a las demandas de la sociedad por justicia.

Por otro lado, la unificación de los fueros federales y penal económico traerá aparejada la solución a una cantidad de problemas procesales dado que se terminará con los criterios dispares de las salas en lo Penal Económico, los cuales han redundado en un gran perjuicio para la administración de justicia como así también en la inseguridad jurídica que ello conlleva y sus consecuencias.

Además, la unión de las competencias en lo penal económico y penal federal permitirá una mayor celeridad en la investigación de esos delitos, como así también su complejidad, dado que permitirá al juzgado tener una visión más amplia de los hechos, y pondrá fin a las disputas de competencia entre ambos fueros, ya que los delitos que allí se investigan se encuentran íntimamente relacionados en lo que refiere a la materia del derecho penal económico.

En definitiva, esta reforma quizá no sea el fin de la impunidad, pero sí es el puntapié inicial para alcanzar una mejor administración de justicia, más eficiente, y al alcance de todos. Más allá de los costos económicos que pueda conllevar esta reforma, la misma permitirá a las personas disminuir la inseguridad, posibilitando una respuesta efectiva cuando demanden justicia en un plazo razonable, donde las víctimas puedan ver satisfecha su necesidad de justicia y donde los imputados puedan tener su juicio justo.