• Por Sofía Peloso

Ni doméstico, ni privado ni clandestino

Breves consideraciones sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

La maternidad constituye una actividad social de interés público desde la antigüedad. El mundo romano o el Imperio Inca, por citar ejemplos diversos, contaban con numerosos ritos que giraban en torno a los partos, las tareas de cuidado de las madres y los recién llegados a la vida. A pesar de la importancia obvia que reviste la perpetuación de la vida para cualquiera comunidad, los cultos vinculados al embarazo, el parto y la maternidad han quedado atados a lo privado, en relación directa con el espacio al que fuimos relegadas las mujeres históricamente: lo doméstico.

El pasado 17 de noviembre, Alberto Fernández envió al Congreso Nacional el tan ansiado proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo, que esta semana inició su tratamiento en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. En veinte artículos que se extienden por siete precisas páginas (la capacidad de síntesis también hace a la sana técnica legislativa) se busca despenalizar las prácticas abortivas hasta la semana catorce inclusive de gestación.

La iniciativa, encarada con acierto como una cuestión de salud pública, aborda a su vez, lo relativo a la cobertura de las prestaciones médicas post aborto y el pleno goce del derecho a la salud sexual y reproductiva; como así también, la implementación de la Ley 26.150, a través de políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

Comentario aparte merecen las previsiones por objeción de conciencia. Fijados los requisitos bajo los cuales el personal médico puede ejercer este derecho, a cuyo incumplimiento le caben sanciones disciplinarias, administrativas, civiles y penales; se dispone que no podrá negarse la realización de la interrupción del embarazo, en aquellos casos en que la vida o salud de la persona gestante esté gravemente comprometida y exija atención inmediata. En paralelo, se excluye la posibilidad de alegar objeción de conciencia para negar la atención sanitaria postaborto.

Por mi parte, celebro la demarcación clara del alcance del derecho de objeción de conciencia y la posibilidad de que su ejercicio irregular sea sancionado, como forma de impedir el aumento de casos de violencia obstétrica. Sobre este punto, no debe olvidarse que el poder colosal de la medicina moderna se logra con la expropiación de la función político-social de las parteras y curanderas que, acusadas de herejía. fueron calcinadas por la inquisición.

Desde una perspectiva pragmática y respetuosa del andamiaje jurídico vigente, el proyecto es prueba de que nos encontramos frente a un gobierno con la madurez suficiente para ofrecer respuestas con arreglo a los reclamos que formulamos las personas humanas con capacidad de gestar. Pero si vamos más allá y adoptamos una perspectiva histórica, el proyecto traslada al espacio público algo que hasta ahora es visto como un problema estrictamente femenino que la mujer debe resolver en la soledad del ámbito privado, incluso cuando ello le cueste su propia vida.